Los acuerdos suscritos sobre la construcción del Centro de
Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en El
Alto señalan que habrá desechos radiactivos obtenidos como resultado de su
funcionamiento. Esta afirmación vulnera un artículo de la Constitución que
prohíbe el depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos en suelo
boliviano.
La oposición presentará un recurso de inconstitucionalidad.
Los acuerdos sobre cooperación en la construcción del centro y
sobre la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear fueron
tratados como proyectos de ley en la Asamblea Legislativa esta semana y se
prevé que sean promulgados muy pronto, a pesar de las observaciones de la
oposición.
El artículo 344 de la CPE prohíbe la fabricación y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares en el territorio boliviano, así como la
internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos.
El
artículo 11, numeral 1 y 2 del acuerdo entre Bolivia y Rusia sobre la cooperación de la construcción del centro,
establece que "el contratista (Bolivia) y el contratante (Rusia) cooperan en el
ámbito de la gestión de desechos radiactivos obtenidos como resultado de la
operación del centro”. Los procedimientos para deshacerse de los desechos
"serán definidos por las partes en un acuerdo separado”.
"Los proyectos afirman que sí habrá residuos”, dijo la
diputada de UD Jimena Costa, quien también informó que presentarán un recurso
de inconstitucionalidad ante la posible aprobación de estos proyectos de
ley.
En contraste, el director del Centro de Investigación y
Desarrollo en Tecnología Nuclear, Silverio Chávez, aseguró que este centro no
generará ningún tipo de residuos. "El centro no va a generar residuos, no habrá
residuos radiactivos, porque el ciclotrón solamente funciona a pedido”,
insistió.
El presidente Evo Morales firmó el 6 de marzo de este año los acuerdos
mencionados con representantes de la empresa rusa Rosatom para construir dicho
centro, que incluirá laboratorios, el ciclotrón para medicina nuclear y el
centro de irradiación gama para inocuidad alimentaria. Tendrá un costo total de
300 millones de dólares y contará con tecnología rusa.
La oposición también observó las licencias para manejar este
tipo de residuos, que deben ser extraídas de una institución del Estado que
regule la seguridad del uso de energía nuclear.
"La CPE está clara y se la está vulnerando. El manejo de estos
residuos debería ser público, esto genera susceptibilidad”, dijo el asambleísta
departamental de UN Marco Antonio Fuentes, quien además criticó la posición de
la mayoría masista en el Parlamento que aprobará los proyectos de ley sin tomar
en cuenta que "la ciudad de El Alto está muy contaminada”.// Página Siete
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