Jorge A. T. tuvo que pagar un mes de alquiler por cada año de los cinco que vivió su inquilino en el departamento que le arrendó. “Me voy de tu casa si me pagas una indemnización”, le dijo cuando el dueño le pidió que le entregue la vivienda.
El as bajo la manga del arrendatario eran los 60 recibos con los que amenazó acudir al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para denunciarlo por no emitir factura. La ruptura entre ambos se produjo en enero de este año, cuando Jorge A. T. solicitó que le aumentara el canon de arriendo.
El ocupante, molesto por esta petición, le exigió que le cancele un mes de renta por cada año que vivió ahí como resarcimiento.
“Me dijo que como no podía aumentar se iría de la casa, pero que debía indemnizarle por año vivido con el monto equivalente a un mes de alquiler. Eso fue lo que hice, es decir, que le pague por los cinco años que vivió en mi casa”.
Al principio el entrevistado cuenta que se negó, pero éste le advirtió que no podía echarle “así no más” y que había leyes que lo protegían. El propietario consultó a un abogado antes de entregar la “indemnización” y el profesional le explicó que “no correspondía entregarle ese dinero”.
También le indicó que debía haberle dado tres meses de preaviso para que busque otro lugar donde vivir, “pero como estaba con amenazas, preferí que se vaya al mes y pagarle lo que me exigió”.
Al igual que Jorge, Martina Peláez prefirió “perdonarle” un mes de renta a su inquilina, que ocupó un departamento por ocho años, con tal de que se vaya.
“Mi inquilina vivía ocho años en mi departamento y la verdad sentí temor de que pudiera adueñarse, tuvimos algunas diferencias y ella no quería irse, y preferí perdonarle un mes de la renta de Bs 1.800 con tal de que se vaya inmediatamente”, recuerda.
Eloy Quino, presidente de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz, informa que en lo que va de 2015 recibieron de sus afiliados al menos siete denuncias de este tipo.
“Hay inquilinos que no quieren salir y amenazan con denunciarlos porque no emiten factura. Esto pasa cuando han vivido más de cinco años y quieren seguir haciéndolo pagando el mismo monto. Nosotros llegamos a conciliar para que puedan vivir unos seis meses gratis y después se vayan sin llegar a los estrados judiciales”.
De acuerdo con el experto en derecho civil Marco Antonio Gutiérrez, efectuar estos pagos “es un absurdo (...). Si el propietario quiere que el inquilino se vaya, se tiene que ir y punto. Si éste se niega, procede al desalojo, no hay por qué pagarle ni diez centavos, legalmente no procede; sin embargo, si llegan a un acuerdo, eso ya es otra cosa”.
El profesional recomienda seguir primero un proceso civil de desalojo, y en caso de que haya algún tipo de presión o coacción del inquilino, ir por la vía penal.
La Ley del Inquilinato y el Código Civil regulan el régimen de arriendo de viviendas. La primera norma tiene 56 años, ya que data de 1959 y cayó en desuso.
Sin embargo, ninguna obliga al propietario a indemnizar al arrendatario en caso de que éste haya vivido un largo periodo en su propiedad. La Razón habló con dirigentes vecinales, ya que una certificación suya puede inclinar la balanza hacia un lado o al otro.
“Nosotros solo certificamos que una persona vive un determinado tiempo en un inmueble, nada más”, explica Ángel Gandarillas, presidente de la Junta de Vecinos del Distrito 18, de la zona 20 de Abril del Macrodistrito Sur.
Gandarillas cuenta que uno de los vecinos de su zona adquirió un lote de 250 metros cuadrados (m2). “Ahora posee casi 400 m2 y quiere regularizar la propiedad excedente y yo lo único que hice es certificar que ese señor vive 25 años ahí. Este predio tiene planimetría aprobada y será un juez el que determine si le otorga o no la propiedad de dicho terreno”.
Doly Prudencio, presidenta de la junta vecinal de Bella Vista, asegura que para evitar problemas primero se cerciora de que la persona que le solicita un certificado que acredite que reside en una vivienda por un tiempo determinado es el dueño de ese bien.
“Yo les pido el testimonio y su carnet de propietario del inmueble. He dado a varias familias estos certificados, aunque tengo mucho cuidado porque en otros distritos me dijeron que pasaron estos casos, donde inquilinos solicitan certificados para luego hacer juicios por usucapión”.
El usucapión es la adquisición de un derecho o propiedad mediante la posesión continuada durante un tiempo fijado por ley.
Gutiérrez explicó que esa figura legal solo se da cuando una persona está en posesión física de un lote o vivienda por más de diez años continuos y cuando el dueño se ha desentendido del bien.
Ni los anticresistas ni los inquilinos pueden realizar usucapión porque existe un documento.
“Lo recomendable en estos casos es que se hagan acuerdos escritos, porque los verbales son desconocidos con facilidad. Dichos contratos se deben renovar cada dos años”.
Por ejemplo, los propietarios de un lote dejaron su cuidado a dos personas con la condición de que cubran solamente el coste de los servicios básicos. Pasados 15 años, los titulares de la propiedad solicitaron a los cuidadores que desocupen las dos habitaciones que les habían dado porque querían vender el bien, pero éstos ya habían iniciado un juicio por usucapión.
“Lo que hicimos primero fue anular dicho proceso, porque no hubo una notificación a las partes. Los dueños quisieron ingresar al terreno, pero los cuidadores llevaron a 40 personas, que agredieron físicamente a los propietarios y su hijo, quien resultó herido y perdió un ojo en el enfrentamiento”, contó el abogado Gutiérrez.
Ante tal agresión, el profesional y sus clientes acudieron a la vía penal y lograron un fallo para desalojar a los cuidadores.
El abogado dejó en claro que el trato entre dueños de casa y vigilantes “es un acuerdo de prestación de servicios y por más que los primeros vivan 20 años o más en un inmueble, no tiene ningún derecho sobre éste”.
Resultados del censo de 2012
Datos
Según los resultados del Censo 2012 publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el municipio de La Paz hay más de 900.000 viviendas. El 73,9% de la población cuenta con vivienda propia. El 12,5% vive en inmuebles en alquiler, el 8,5% en espacios cedidos por servicios o prestadas por parientes, y el 3,7% en anticrético o mixto.// La Razón.com
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