Inseguridad en El Alto

 Esta semana tuve el gusto de compartir un espacio de conversa con mujeres de la ciudad de El Alto. Nos reunimos para comprender mejor los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana, cuando la vida parece retomar el ritmo de la normalidad. Pasado un primer momento de charla sobre la experiencia dolorosa del confinamiento pandémico, me dispuse a escuchar lo que, según mi preconcepto, sería su principal preocupación: recuperar sus ingresos y sus medios de vida.

Pero una preocupación mayor desplazó la que yo suponía podía ser la principal incertidumbre. Me hablaron con mayor intensidad del incremento de la inseguridad ciudadana en la ciudad de El Alto. Una de ellas me relató sobre el miedo que tiene al caminar por las calles; otra, cómo debe interrumpir su actividad económica para volver a casa antes de que anochezca; todas hablaron del aumento de armas durante los asaltos. Me contaron como ejemplo la triste historia de William Wallas, un joven estudiante que murió asesinado frente a varios testigos paralizados por el miedo. Me comentaron que, tan solo en marzo, se registraron más de 10 hechos delincuenciales en los que se usó armas de fuego. Una madre, con lágrimas en los ojos, confesó que cada día teme que sus hijos no retornen vivos a casa.

El fenómeno de las pandillas se ha incrementado de manera alarmante en la ciudad de El Alto y tal vez no le estamos prestando la atención debida.

Y justo ahora tenemos en la región un doloroso ejemplo de lo que puede provocar el desborde de las pandillas. El Salvador, una pequeña nación centroamericana, casi del tamaño de Tarija, está viviendo uno de sus momentos más oscuros al tener que enfrentarse con las maras.

El 26 de marzo, en tan solo un día hubo 62 homicidios. En respuesta a esta ola de violencia, el presidente Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa que adoptara un régimen de excepción y promovió un paquete de reformas penales. Con estas reformas, hoy El Salvador puede enviar a prisión a un niño o a una niña a partir de sus 12 años.

A 12 días de haberse decretado estado de excepción, los cuerpos de seguridad han detenido a más de 7.400 personas, presuntamente vinculadas a pandillas. El Gobierno ha señalado que existen aproximadamente 86.000 personas miembros de pandillas y que, si se incluyen a las familias y redes de apoyo de estas estructuras, el número puede alcanzar a medio millón de personas. Las fotografías que se han difundido en redes sociales de las cárceles salvadoreñas son estremecedoras y nos recuerdan a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

¿Cómo todo esto se salió de control? ¿Cómo un pequeño país de tan solo 6,5 millones de habitantes puede estar viviendo tanto dolor? ¿Por qué sus niños, a los nueve años, ya deben decidir a qué pandilla pertenecer? Por supuesto, la historia de El Salvador, su guerra civil, su relación con Estados Unidos y su actual contexto son particulares y no pueden ser comparados con lo que actualmente se vive en la ciudad de El Alto. Sin embargo, la pérdida de un horizonte de futuro que parece ser la fuerza que impulsa a esos niños centroamericanos a pertenecer a las maras puede ser un elemento común con los jóvenes alteños, quienes en muchos casos no están encontrando un proyecto de vida.

El Alto, como joven ciudad, todavía no encuentra el camino a su propio desarrollo, y la confrontación de los valores tradicionales y modernos pueden estar rompiendo de manera crítica la comunicación intergeneracional. La respuesta a las pandillas no puede ser solo desde el campo penal; una respuesta integral desde las comunidades educativas es un desafío pendiente.// La Razón - Lourdes Montero es cientista social.

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